La brutalidad y las muertes siguen en el condado de Karze

Informamos, como habitualmente gracias al Gobierno Tibetano en el Exilio y a los tibetanos que consiguen informar desde la Región Autónoma, de más víctimas del abuso del gobierno chino. Empezamos por los eventos más recientes:

El 17 de julio, Yonten Gyatso, una monja de 19 años de la población de Dhargye Yetsag Nang (condado de Karze) protestó pacíficamente en la oficina del gobierno. Fue brutalmente apaleada y detenida por la Policía Armada del Pueblo.

El 15 de julio, el joven monje de 22 años Kunsang Tsering, del monasterio de Dhargye Langna, también protagonizó una protesta pacífica ante la Oficina de Seguridad Pública. Fue detenido y en dependencias policiales recibió un disparo por parte de la policía. No se sabe si está herido o si ha muerto.

El 22 de junio, Sherab Gyaltsen (36) de Sheling Dha y Nyilu (35) de Gyurdha fueron brutalmente golpeados y detenidos cuando protestaban, también pacíficamente, ante la oficina de gobierno de sus respectivas localidades.

El día anterior, Nyima Tashi, un joven de 18 años de Sheling, fue detenido por gritar eslóganes ante otra oficina gubernamental de forma no violenta.

El 19 de junio, Lobsang Tsewang, un hombre de 30 años, protestó también de forma no violenta ante la oficina del gobierno en Tsoshi. Fue arrestado y también recibió una brutal paliza.

El 14 de junio, Jampa Tashi, un joven de 24 años de Tsangkha, también recibió un apaliza cuando gritaba consignas ante la oficina del gobierno.

En días no especificados de junio, un joven de 18 años (con dudas de si su nombre es Ngawang o Ngagha, de apellido Tashi) también fue arrestado por protestar ante la oficina del gobierno chino en su pueblo, Jesang Dha.

En la mayoría de los casos, es destacable que estos presos políticos son primero apaleados brutalmente, y después se procede a su arresto. Como ocurre en todos los casos en que un tibetano es detenido por autoridades chinas, se entiende que están sufriendo torturas físicas y psicológicas, y sus allegados no tienen derecho a recibir ningún tipo de información sobre su paradero. A menudo, muchas familias saben de la muerte por torturas de un ser querido en el mismo momento en que les es entregado el cadáver.