El juez Pedraz intentará investigar también el tiroteo de Kelsang

El gobierno chino ha rechazado duramente una petición de un tribunal español para intentar hacer responsables a las autoridades chinas de la política de mano dura desarrollada sobre Tíbet después de las protestas pacíficas del año pasado, según ha informado un grupo de Derechos Humanos con base en Estados Unidos.

La campaña de represión de las fuerzas de seguridad chinas a lo largo y ancho del Tíbet ha dejado más de 220 tibetanos muertos y 1294 gravemente heridos. Más de 5600 han sido detenidos, 290 sentenciados y más de 1000 símplemente desaparecidos, según datos de la Administración Central Tibetana en el exilio.

En agosto de 2008, el Comité de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa del Tíbet presentaron sendas denuncias contra ocho líderes chinos, incluyendo a Zhang Qingli, del Partido de la Región Autónoma, por la violenta represión en Tíbet. Las quejas fueron admitidas a trámite por el Tribunal Supremo español bajo el principio de jurisdicción universal, una norma según la cual un tribunal puede actuar más allá de sus fronteras en caso de tortura, terrorismo, genocidio y crímenes contra la Humanidad, explica International Campaign for Tibet (ICT).

En su resolución del 5 de mayo pasado, el juez Santiago Pedraz buscó la autorización del Ministerio de Justicia de China para interrogar a los acusados en China en caso de que se negasen a declarar ante el juzgado español. El juez dijo que si las acusaciones son demostradas, constituirían un delito de crímenes contra la Humanidad, tanto ante las leyes españolas como ante las internacionales: "La población tibetana aparecería como grupo perseguido por las citadas autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos y otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, según las leyes internacionales", declaraba el juez Pedraz el 5 de mayo según AFP.

Por su parte, la Embajada China en Madrid ha hecho llegar una carta al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, el 16 de junio, asegurando que el procedimiento judicial es una "denuncia falsa".

"La aceptación de dicha denuncia falsa por la Audiencia Nacional Española ha violado los principios básicos de la jurisdicción estatal y la inmunidad establecida por la ley internacional, y no está amparada por el Tratado de Asistencia Judicial de Asuntos Criminales existente entre China y España. China rechaza fírmemente cualquier solicitud de asistencia judicial en relación a este caso, y demanda que España asuma sus responsabilidades en cuanto a leyes internacionales, adoptando inmediatamente medidas efectivas para prevenir cualquier violación del Tratado de Asistencia Judicial de Asuntos Criminales que hay entre China y España, poniendo fin a este caso lo antes posible", dice la carta.

Según ICT, que cita fuentes anónimas, un representante de la Embajada China en Madrid dijo a oficiales españoles que el juez Santiago Pedraz sería arrestado si intenta visitar China.

Las demandas tibetanas se ven amenazadas por una resolución del Congreso español del 19 de mayo, que limita la jurisdicción a los jueces en casos en los que haya una clara conexión con España.

A pesar de esta norma y las contínuas presiones por parte de China, el juez Pedraz ha anunciado recientemente la ampliación de una de las denuncias para incluir una investigación sobre el tiroteo en el paso de Nangpa en septiembre de 2006, cuando una monja budista de 17 años de edad, Kelsang Namtso, resultó muerta de un disparo por parte de las fuerzas armadas fronterizas chinas mientras intentaba escapar al exilio (En la foto de arriba, una captura del video que pudieron grabar los testigos). El juez Pedraz volvió a solicitar al gobierno de la India permiso para visitar a los tibetanos que fueron testigos de la muerte. El alpinista norteamericano Luis Benítez, que estaba presente cuando la policía tiroteó por la espalda a Kelsang Namtso y a otras monjas, monjes y niños intentaban escapar hacia el sur, ya prestó declaración ante el juez Pedraz el pasado 17 de julio.

Según los abogados españoles involucrados, la nueva norma del Congreso sobre jurisdicción universal podría formalizarse durante las próximas semanas. El impacto de las demandas tibetanas dependen de si esta ley se aplica de forma retroactiva, afectando a los casos admitidos a trámite antes de este período, lo que incluiría casos relacionados con terroristas y traficantes de drogas además de crímenes contra la Humanidad.

Fuente: Tibet.net